Vivienda autoriza a 36 familias pedir la hipoteca de sus casas
Los adquirientes reciben, seis años después de firmar el contrato, la resolución que les reconoce el derecho a acceder al préstamo convenido. Otras 28 familias ya no quieren las casas y exigen a la empresa que devuelva el dinero anticipado.
Más de la mitad de las familias que reclaman desde hace años una de las viviendas de protección oficial, en régimen general, que adquirieron en 2005 a la promotora Pérez Castillo, ya pueden negociar con la entidad bancaria su hipoteca para poder finalizar la operación de compra y habitar su casa. Así lo ha autorizado el Instituto Canario de la Vivienda, mediante la entrega a la empresa constructora de un total de 36 expedientes ya visados el pasado 27 de octubre.
Esas familias han recibido la notificación de esa resolución que certifica que la obra está terminada y que reconoce al comprador el derecho a acceder al préstamo convenido hace años, cuando entregaron a la promotora cantidades en señal de entrada que rondaban los 20.000 euros y que no habían recuperado, pese a no poder acceder a la compra de la casa, por lo que acusaban públicamente de estafa a la promotora.
Según ha confirmado EL DÍA, muchas de esa familias acudieron ya a la entidad bancaria a conocer la resolución de estos expedientes y a iniciar la petición de hipoteca, aunque se desconoce si, con el cambio económico habido en estos años y ante la nueva situación financiera de muchos peticionarios, los préstamos serán o no concedidos.
Eso sí, tal y como aclararon desde el Gabinete de Prensa de Vivienda a este periódico, "las familias han perdido las ayudas estatales que ya no existen y que sí existían cuando firmaron los contratos de compraventa".
Casi la mitad sin resolver.- Sin embargo, sigue sin resolverse el problema de otras 28 familias (eran 64 compradores en total) que o bien han comunicado que no quieren ya esas viviendas, después de seis años sin resoluciones, o han sido incapaces de completar los papeles que se requerían para dar el visto bueno a los contratos de compraventa que habían tramitado hace años.
Esas 28 familias tendrán que seguir luchando para que se les devuelva el dinero que adelantaron a Pérez Castillo, sin es que no quieren ya esas viviendas. En todo caso, apuntan las mismas fuentes del Instituto de Vivienda, "si se sienten engañados y consideran que la promotora ha incumplido, deberían ir al juzgado".
Vivienda no interviene.- Por otra parte, desde ese departamento dependiente de la Consejería de Política Social y Vivienda aseguraron ayer a esta redacción que su función, en el caso de unas viviendas (VPO) de promoción privada es "velar por que se cumpla la normativa. Solo visamos los contratos para que se vea que cumple los requisitos y los precios establecidos en 2005, cuando se firmaron". Al respecto, aclararon: "Las hipotecas, en todo caso, las permiten los bancos".
En ese sentido, mantienen que desde Vivienda no se tiene que mediar en el conflicto abierto entre familias adquirientes y promotora porque "no son viviendas sociales y no fueron construidas por el Gobierno canario". Esa promoción fue calificada hace un año, noviembre de 2010, como VPO de régimen general tipo uno.
Información de: Diario El Dia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario